A sanción presidencial pasarán varias iniciativas que, luego de superar su
discusión en la Cámara de Representantes, fueron aprobadas en último debate en
el Senado de la República. Dichos proyectos apuntan, entre otros aspectos, a
combatir el hambre y garantizar el acceso a la salud mental, especialmente en
poblaciones vulnerables.
Por un lado, el proyecto de ley de donación
de alimentos, liderado por la representante del Partido de la U, Saray Robayo
Bechara, busca promover la donación de alimentos en buen estado como una
solución efectiva contra el hambre y la desnutrición en el país.
Esta
iniciativa hace especial énfasis en incentivar la donación de alimentos por
parte de las empresas a los bancos de alimentos, quienes se encargarán de
distribuirlos entre las comunidades más vulnerables, beneficiando especialmente
a aquellos que no logran comer tres veces al día.
"El país desperdicia cerca de 9,7
millones de toneladas de alimentos al año, mientras cerca de 15 millones de
personas no comen tres veces al día", manifestó Robayo al celebrar la
aprobación. La meta es que entre el 40% y el 60% de estos alimentos, aproximadamente
6 millones de toneladas anuales, puedan ser redirigidos para beneficiar a 5
millones de colombianos vulnerables, según datos del DNP.
A esta opinión se sumó la representante Ana
Rogelia Monsalve, y consideró esta iniciativa como una medida esencial para
combatir el hambre y la desnutrición en el país. “Este proyecto permitirá que
al menos 12 millones de personas accedan a una comida diaria. Según el
Ministerio del Trabajo, las empresas podrán disfrutar de beneficios tributarios
al aumentar sus donaciones de alimentos del 25% al 37%, en lugar de
destruirlos”.
Cuando se sancione la ley, se implementará
un aumento en los beneficios tributarios del 25% al 37% en el impuesto de renta
para aquellas empresas que opten por contribuir a esta causa, brindando la
oportunidad de alimentarse a más de 13 millones de colombianos. "Más allá
de las cifras está la satisfacción de saber que millones de vidas tendrán
condiciones de alimentación mínimas y dejarán de estar en riesgo incluso de
morir", concluyó Saray Robayo.
Por otro lado, el Senado también aprobó el
proyecto de ley que creará consultorios psicológicos comunitarios, de autoría
de la representante conservadora Juliana Aray. Esta iniciativa busca enfrentar
la creciente crisis de salud mental en Colombia proporcionando servicios
gratuitos a las personas y familias más vulnerables.
“Con esta iniciativa,
estamos demostrando que la salud mental es una prioridad en nuestra agenda
nacional. Queremos asegurar que muchos colombianos, independientemente de su situación
económica, tengan acceso a servicios de salud mental de calidad”, destacó Aray.
Un estudio del Ministerio de Salud y el
Ministerio Público revela que el 66,3% de los colombianos ha enfrentado
problemas de salud mental en algún momento de su vida. Además, el 34,6% de
aquellos que han utilizado servicios de salud mental los califican como
deficientes.
Estos datos subrayan la necesidad de mejorar el acceso y la
calidad de la atención en este ámbito. La ley contempla la creación de
consultorios psicológicos comunitarios, adscritos a programas de psicología
acreditados por el Ministerio de Educación, que ofrecerán servicios gratuitos
de orientación y apoyo psicológico a personas sin recursos económicos.
Así,
estudiantes de los dos últimos semestres de psicología podrán realizar
prácticas supervisadas en estos consultorios, adquiriendo experiencia mientras
contribuyen a la comunidad. Los consultorios ofrecerán psicología clínica,
evaluaciones de salud mental y programas de intervención psicológica.
El Ministerio de Salud establecerá un
sistema de información para coordinar la oferta de servicios en dichos
consultorios y apoyará la formulación de políticas públicas efectivas para
afrontar este tema.
Para la autora de la iniciativa, facilitar el acceso gratuito
a servicios psicológicos contribuirá a la reducción de la brecha en la atención
de salud mental en Colombia y los estudiantes de psicología se beneficiarán de
una formación práctica, mejorando su preparación profesional y su capacidad
para enfrentar retos en el campo de la salud mental.
Ahora, en el Congreso se deberá aprobar el
informe de conciliación para que ambas leyes sean sancionadas por el presidente
de la República.
Fuente: Oficina de Información y Prensa de
la Cámara de Representantes.
