La disputa judicial que podría transformar el mercado del aguardiente en Colombia.
El conflicto involucra a destacadas destilerías nacionales.
Actualmente, la Corte Constitucional evalúa una petición para anular un apartado de la legislación de 2016 relativo al monopolio fiscal de licores autóctonos. Dicha sección autoriza a las regiones productoras de aguardiente a prohibir, por un lapso de hasta seis años, la comercialización de marcas foráneas.
Pablo Felipe Robledo, exsuperintendente de Industria y Comercio y demandante, sostiene que la ley debe ser revisada y cambiada. En esencia, la demanda busca permitir la venta de aguardiente de otros territorios ya que según manifestó la legislación actual no es pertinente frente al libre comercio.
“No es para la protección del aguardiente colombiano, porque lo que termina es protegiendo la ineficacia o las ganas de no competir de la empresa local de licores, y de otra manera atenta gravemente contra el modelo económico que parte de la base de que no es el gobernador, con un decreto, el que le dice a los ciudadanos que aguardiente pueden consumir" así lo declaró el exsuperintendente Robledo a noticias uno
El debate pone en el centro de atención a varias destilerías importantes del país: mientras la Industria Licorera del Cauca y la Fábrica de Licores de Antioquia abogan por la preservación de la ley, la Industria Licorera de Caldas (productora del famoso Aguardiente Amarillo) aboga por su derogación.
Este tema a generado opiniones divididas entre los que respaldan la continuidad de la norma que permite la prohibición de venta de licores provenientes de un departamento a otro, y los que por el contrario desean una libertad comercial de licores entre departamentos.
A la espera de la desición por parte de la Corte Suprema también se encuentra la Fábrica de Licores del Tolima, la cual ha tenido que enfrentarse a la popularidad del Aguardiente Amarillo.
