Las pruebas presentadas por la Fiscalía
General de la Nación permitieron que un juez de conocimiento condenara a la
pena de 5 años de prisión a Luis Hernando Rodríguez Ramírez, exalcalde de
Ibagué (Tolima), quien aceptó mediante preacuerdo su responsabilidad en los
delitos de cohecho propio, contrato sin cumplimiento de los requisitos legales
e interés indebido en la celebración de contratos.
Asimismo, Rodríguez Ramírez no podrá
ejercer cargos ni funciones públicas por el mismo tiempo de la pena principal,
y deberá pagar una multa de alrededor de 152 millones de pesos, dentro de los
próximos seis meses.
Los hechos que motivaron la sentencia,
ocurrieron el 22 de enero de 2015, cuando Rodríguez Ramírez se interesó en
provecho propio y de otras personas en el trámite precontractual de la
ampliación remodelación y adecuación del estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué
(Tolima), como parte de las obras que se estaban adelantando en esta ciudad
para la realización de los XX Juegos Nacionales y Paranacionales de 2015.
Para la época de los hechos, Luis Hernando
Rodríguez como alcalde de Ibagué, en acuerdo común con su asesor, Orlando
Arciniegas Lagos, aceptó en forma indirecta, promesa remuneratoria consistente
en el 10% de los contratos de interventoría y de obra que se licitara, con
ocasión a la contratación para las adecuaciones del estadio.
Además, frente a un convenio suscrito entre
Coldeportes, el Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Ibagué
(Imdri) y la Gobernación del Tolima, permitió que se tramitara y celebrara un
contrato de obra que se adelantó en su fase precontractual para la ampliación,
adecuación y remodelación de este escenario deportivo, sin observar los
principios de igualdad, imparcialidad, y publicidad, así como la transparencia,
responsabilidad, y los criterios de la selección objetiva.
Rodríguez Ramírez, tenía conocimiento de
que los pliegos de condiciones estaban diseñados para favorecer a un solo
proponente. Lo que dio lugar a que se hiciera un nuevo contrato de obra,
desconociendo el principio de legalidad.
Fuente Fiscalía General de la Nación.
